EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ANULADO EL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE LAS PLUSVALÍAS CUANDO NO HAYA INCREMENTO DE VALOR.

El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto municipal sobre las plusvalías cuando no haya incremento de valor, en el primer caso que juzga sobre el territorio común, después de algunas sentencias en que había dictado esto mismo para los territorios forales.
El Alto Tribunal considera por unanimidad que el impuesto, es inconstitucional en estos casos. Este tributo en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero, en la práctica, es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. El Tribunal no anula el impuesto, sino su aplicación automática en casos en que no haya revalorización.
El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo".
Los propietarios que vendan su casa por un valor inferior al de su compra no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal, como sucedía hasta ahora. La sentencia del Tribunal Constitucional fue aprobada de forma unánime por el pleno el pasado 11 de mayo y es similar a las emitidas en febrero y marzo para Álava y Guipúzcoa; es decir, se declara la "inconstitucionalidad y nulidad" de tres artículos de la ley de Haciendas Locales, que permitían gravar un impuesto de plusvalía a la venta de inmuebles incluso si el propietario hubiese incurrido en una pérdida en la operación.
La plusvalía municipal es un impuesto que grava a través de unos coeficientes el incremento del valor del terreno en el momento de la transmisión de la casa. Si el valor catastral del suelo aumenta se grava sin importar que el propietario haya perdido dinero con la venta.
La sentencia del Constitucional responde a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un caso en Jerez de la Frontera y, de momento, solo afecta a las partes en litigio. Pero desde que se publique en el BOE tendrá efectos jurídicos para todo aquel que haya vendido, heredado o donado un inmueble con pérdida de valor. Limitando el efecto retroactivo de la sentencia a 2013, cuatro años de prescripción fiscal.
Debe reclamarse en primera instancia ante el ayuntamiento que cobró el impuesto, presentando un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos. El Constitucional dijo en su 'sentencia vasca' que debía presentarse un informe técnico, una "valoración pericial contradictoria" que mostrase la pérdida patrimonial y la revalorización del suelo. En supuestos similares en 2016 el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana consideró suficiente las Escrituras de Compra y Venta para justificar la pérdida.

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